El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó esta semana en el centro de una fuerte controversia política que puso en tensión al oficialismo y a sus socios parlamentarios por los cambios en el régimen de licencias por enfermedad incluidos en la reforma laboral del Gobierno.
El funcionario fue uno de los principales impulsores del artículo que modifica la Ley de Contrato de Trabajo y habilita a reducir el salario de los trabajadores que se encuentren con licencias médicas prolongadas. La iniciativa buscaba, según su entorno, bajar el costo laboral y reducir la litigiosidad, pero terminó generando un fuerte rechazo interno.
La polémica se profundizó además por la aparición de un contrato estatal vinculado a la esposa del ministro, lo que sumó un componente político sensible al debate técnico. En el oficialismo admiten en privado que ese contexto debilitó la posición de Sturzenegger en la negociación parlamentaria.
El artículo cuestionado establece que, tras un determinado período, el empleador podría abonar entre el 75% y el 50% del salario durante una licencia por enfermedad no laboral, en lugar del 100% que rige actualmente. Para el Gobierno, el objetivo es evitar abusos. Para la oposición y los sindicatos, se trata de un recorte directo de derechos adquiridos.
La reacción no tardó en llegar. Bloques aliados como el PRO, el MID y legisladores cercanos a gobernadores reclamaron formalmente que el Ejecutivo retire ese punto del proyecto. Argumentaron que fue incorporado sin consenso y que podía convertirse en un costo político innecesario para una reforma ya conflictiva.
En el Congreso, varios referentes oficialistas reconocieron que el tema de las licencias se transformó en uno de los principales obstáculos para avanzar con el paquete laboral. Incluso algunos legisladores libertarios admitieron que el artículo “no estaba lo suficientemente trabajado” y que abría un frente de conflicto evitable.
La presión política obligó al Gobierno a recalcular. En medio de la controversia, Patricia Bullrich admitió públicamente que hubo un “error” en la redacción del artículo y anticipó que será modificado. La ministra planteó la necesidad de diferenciar entre enfermedades leves y patologías graves o crónicas, una distinción que el texto original no contemplaba.
Bullrich sostuvo que la intención oficial es evitar fraudes en el uso de licencias médicas, pero reconoció que la norma, tal como estaba formulada, podía perjudicar a trabajadores con problemas de salud reales y permanentes. Esa admisión expuso fisuras internas en el manejo del proyecto.
Mientras tanto, en la Casa Rosada crece el malestar con Sturzenegger por haber empujado una medida que terminó generando ruido político en un momento clave. Cerca del Presidente admiten que el capítulo de las licencias se transformó en un símbolo de los límites de la estrategia de “shock” en materia laboral.
La eventual modificación del artículo obligaría a que el proyecto vuelva a ser revisado por el Senado, lo que podría demorar su sanción definitiva. En un Congreso fragmentado, cada corrección se traduce en nuevas negociaciones y concesiones.
En ese contexto, el episodio dejó al ministro de Desregulación en una posición incómoda. Lo que iba a ser un gesto de disciplina fiscal y modernización laboral terminó convirtiéndose en un foco de desgaste político, con impacto dentro y fuera del oficialismo.
La disputa por las licencias médicas expuso así una tensión de fondo en el Gobierno: hasta dónde avanzar con recortes y flexibilizaciones sin romper los acuerdos mínimos que necesita para sostener su agenda legislativa. Y dejó a Sturzenegger, una vez más, en el centro del debate.
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