El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo se presentó en los tribunales de Comodoro PY para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntos pedidos de coimas en ese organismo. El fiscal Franco Picardi le toma declaración desde las 13 horas.
El exfuncionario ingresó a los tribunales pocos minutos antes de las 13, horario fijado para la audiencia. Subió solo, sin su abogado, por el ascensor que conduce al cuarto piso, donde se ubica el Juzgado Federal Nº 12 a cargo de Sebastián Casanello. Desde entonces declara ante el fiscal Franco Picardi, quien le toma indagatoria desde las 13.
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A las 13.20 se sumó su abogado, Mauricio D’Alessandro, para acompañarlo en el trámite. Se estima que la declaración se extenderá aproximadamente hora y media.
La acusación: un sistema “estructurado y sostenido”
Spagnuolo fue citado el viernes pasado por Picardi junto a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Daniel María Garbellini; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno; Roger Edgar Grant; Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros involucrados.
En su requerimiento, el fiscal sostuvo que “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.
La causa se abrió tras la difusión de audios en los que supuestamente Spagnuolo mencionaba un circuito de coimas —incluido el ya célebre “3% para Karina”— vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Aquellas grabaciones derivaron en su salida del cargo y en la apertura del expediente.
La estrategia de defensa: IA, nulidad y un “montaje”
A las puertas de Comodoro Py, D’Alessandro volvió a insistir en que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial. “Hay una pericia realizada en un país de la Comunidad Económica Europea que indica que el registro está modificado. Es un deepfake”, explicó ante la prensa que lo esperaba en la explanada.
Según afirmó, el software utilizado permite alterar especialmente la voz de Spagnuolo, razón por la cual solicitaron la nulidad del material incorporado al expediente.
D’Alessandro también buscó desestimar varios elementos que circulan en la causa. Frente a la prensa, aseguró que la acusación por los $5 millones presenta inconsistencias temporales: según explicó, el presunto pago figura fechado el 11 de junio, mientras que las fotografías incorporadas como prueba fueron tomadas el 13 de agosto. Sobre la mochila que aparece en esas imágenes, afirmó que no contenía dinero sino “la computadora” de su defendido.
El abogado negó además que exista cualquier remodelación en la vivienda de Spagnuolo, un punto que —según dijo— fue utilizado para sostener una presunta mejora patrimonial. También relativizó la filmación en la que se ve al exfuncionario ingresar a la casa de Miguel Ángel Calvete, recientemente detenido por otra causa: sostuvo que “alguien citó a Spagnuolo para poder hacer la captura y utilizar su imagen entrando con la mochila”.
En paralelo, confirmó que su defendido entregó el celular que estaba usando y adelantó que aportará documentación para sostener su postura, entre ellas la constancia de una compra en Mercado Libre de una máquina contadora de billetes en 2022 —que busca explicar otro de los indicios mencionados en el expediente— y una preliminar de la pericia de audio realizada en un país de la Comunidad Económica Europea, donde, según su versión, se determinó que los registros están alterados mediante inteligencia artificial. D’Alessandro señaló que pedirá ver la totalidad del expediente, cuyo secreto se levantó “hace tres o cuatro días”, y remarcó que, a su criterio, la causa muestra un armado dirigido.
“No teme quedar detenido. Spagnuolo es víctima de un delito”, afirmó el abogado, insistiendo en que los audios fueron manipulados y que su defendido no gestionaba pagos ni tuvo participación en maniobras ilícitas dentro de ANDIS.
La investigación por corrupción en ANDIS escaló en las últimas semanas y se convirtió en un frente sensible para el Gobierno. El caso involucra a funcionarios, intermediarios, contratistas y operadores que participaron en la cadena de compras de medicamentos de alto costo para la población más vulnerable: personas con discapacidad que dependen de pensiones no contributivas.
El expediente también quedó atravesado por derivaciones políticas —como la renuncia de la hija de Miguel Ángel Calvete en el Ministerio de Economía tras el hallazgo de 700.000 dólares en un allanamiento— y por un clima de tensión interna en torno al manejo de fondos sensibles.
