El gobierno de Javier Milei celebró que la Justicia dio un nuevo respaldo a la reforma laboral. El viernes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ratificó su competencia en las causas vinculadas a la Ley 27.802 de Modernización Laboral y dejó sin efecto las medidas cautelares que habían sido dictadas por el fuero laboral.
La decisión se produjo luego de que el juez laboral Raúl Ojeda remitiera las últimas causas que aún retenía en su juzgado, tras el fallo que había ordenado concentrar todos los expedientes en el fuero contencioso administrativo.
Desde el oficialismo sostienen que el magistrado demoró durante meses el proceso judicial y cuestionan el accionar de sectores sindicales y judiciales que buscaron frenar la aplicación de la norma.
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La reciente decisión de la Corte de no tomar el expediente, fue leída por el Gobierno como un apoyo total. Por ello, la gestión libertaria afirmó que la ley “se encuentra plenamente vigente”.
“La Justicia continúa respaldando la voluntad de progreso de los argentinos, frenando las maniobras de sectores corporativos y de una casta judicial con prácticas viciadas que durante décadas bloquearon cualquier intento de modernización laboral para sostener privilegios incompatibles con una economía libre y competitiva”, expresaron fuentes oficiales acerca del proceso judicial.
Este paso, a su vez, representa también un golpe para la Confederación General del Trabajo (CGT). La dirigencia sindical decidió no movilizarse contra el proyecto y apostar a la vía judicial para frenar la normativa que fue sancionada en sesiones extraordinarias. El principal argumento cegetista estuvo marcado por la inconstitucionalidad de 81 artículos.
Sin embargo, tras un éxito inicial en el fuero laboral, solo tuvo malas noticias. Porque la Cámara del Trabajo desplazó la causa hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal. En la calle Azopardo interpretaron ese movimiento como una muy mala señal debido a que los jueces “son permeables” a la administración Javier Milei.
Desde el Gobierno aprovecharon para cuestionar la legitimidad de la calle Azopardo para plantear inconsistencias en la normativa. Principalmente, expresaron que la central obrera, como entidad de tercer grado, no puede representar de manera automática a la totalidad de la masa laboral sin cumplir con los requisitos específicos de las demandas colectivas.
Además, señalaron que la mera vigencia de la ley no constituye un daño que justifique la intervención judicial en esta etapa, debilitando la posición de los gremios ante los tribunales. Pero la CGT no se va a rendir y espera que la Corte Suprema declare inconstitucional el texto.
El último dirigente en expresarse fue Jorge Sola, uno de los triunviros y un hombre caracterizado como dialoguista. Esta semana, puntó que la cuestión de fondo todavía no se zanjó. “Estuvimos en la calle, hicimos dos marchas y un paro nacional tratando de frenar esto. Creemos que todavía hay una chance más, que es que se dicte la inconstitucionalidad de una gran cantidad de artículos. Todavía el fondo de la cuestión no está resuelto. Es cierto que las cautelares han caído y hoy pareciera que está en vigencia”, evaluó.
