En una prolongada reunión que insumió casi cuatro horas de debate, este viernes a la tarde las comisiones de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General de la Legislatura de Córdoba trataron junto a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano provincial dos proyectos de ley vinculados con la infancia. Se decidió dejar en estudio ambas iniciativas, que tomaron estado parlamentario el miércoles pasado.
Uno de los proyectos, el 41536/L/24, contempla una reforma a la Ley 9.944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba. Propone una modificación y derogación de diversos artículos de esta ley.
En tanto, el proyecto 41539/L/24 establece la Ley de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia. Deroga toda disposición que se oponga a esta normativa o establezca un estándar de tutela inferior a los trazados en esta ley.
Ambos proyectos de ley fueron iniciados por los legisladores Miguel Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso. Según se indicó, apuntan a reglamentar el sistema penal juvenil de la provincia de Córdoba.
En la reunión conjunta, legisladores de la oposición solicitaron la continuidad del tratamiento en comisión de ambas iniciativas, debido a la complejidad de los temas que abarcan y a la posibilidad de enriquecer los textos normativos con los aportes que resulten necesarios. De hecho, algunos legisladores anticiparon que aportarán sugerencias para su análisis parlamentario y eventual incorporación en los proyectos en tratamiento.
La reunión fue conducida por el legislador Bernardo Knipscheer, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos. Estuvieron presentes legisladores de las tres comisiones legislativas.
Acompañadas por su equipo, también participaron la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Julia Reartes, quienes agradecieron la invitación de la Unicameral, fundamentaron la importancia de contar con un procedimiento que regule el sistema penal juvenil de Córdoba, brindaron opiniones sobre los proyectos en tratamiento y respondieron preguntas de los legisladores.
Montero destacó que se trata de “un proyecto que tiene un largo proceso de análisis y se trabajó en distintas mesas de diálogo”, en las que participaron legisladores, funcionarios judiciales, representantes de las universidades Nacional de Córdoba, Católica, Siglo 21 y Provincial, integrantes del Colegio de Abogados de Córdoba, y equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Senaf.
La ministra mencionó “cinco fortalezas” respecto del proyecto en debate: “Avanza en una normativa propia en lo referido al procedimiento penal juvenil; tiene criterio de realidad, al atender situaciones de alta complejidad, que son excepciones pero requieren una respuesta del Estado; brinda claridad normativa respecto del sistema penal juvenil y el sistema de protección de derechos; plantea la progresividad de las medidas, en función de la reintegración social; y atribuye roles específicos a cada operador del sistema”.
A su turno, y con un enfoque técnico, Reartes señaló que el proyecto “recoge de manera adecuada los mandatos convencionales que deben respetarse y es el resultado de las conversaciones públicas mantenidas con diferentes actores de la sociedad”.
Fundamentos
En sus fundamentos, el proyecto de reforma de la Ley 9.944 indica que “surge como necesidad de una adecuada organización del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba”, y determina la derogación de “todas aquellas cuestiones que fueron objeto de inclusión en el proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil”.
Después dice que se proponen “actualizaciones y modificaciones en virtud de la necesaria adecuación normativa”. Y estipula después: “Se busca fortalecer la participación comunitaria de los ciudadanos (…) a los fines de que sean sujetos activos en la promoción de derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes”.
Finalmente, menciona que también “se adecuan a la realidad actual algunas de las funciones” de la Senaf, “a los fines de extender el acompañamiento, capacitación y asistencia a los distintos modelos de familia”.
Por su parte, los fundamentos del proyecto de Procedimiento Penal Juvenil señalan: “Viene a dar respuesta a una necesidad imperiosa de poner en sintonía la legislación referida al sistema de procedimiento penal juvenil con la realidad vinculada a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”.
