El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con la cobertura de cargos de jueces, defensores y fiscales en todo el territorio para agilizar el funcionamiento del sistema, pero tanto por los cortocircuitos internos en el oficialismo como por las diferencias al seno de la oposición, se demora la definición en torno a las cuatro sillas vacantes en la Suprema Corte provincial.
De acuerdo a información proporcionada a Ámbito por el máximo tribunal bonaerense, hay un total de 320 vacantes por renuncias, fallecimientos, licencias médicas, suspensiones y apartamientos preventivos en los 20 departamentos judiciales, lo que incluye los lugares de la Corte y el juez notarial, lo que representa casi el 22% de magistrados necesarios.
Esta situación afecta el normal funcionamiento del sistema judicial en una provincia que lidera el índice de litigiosidad del país, con más de un millón de causas iniciadas anualmente, a las que se suman expedientes pendientes.
La Suprema Corte, que debería contar con siete integrantes, opera actualmente con solo tres: Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres. Las vacantes datan del fallecimiento de Héctor Negri (2020), Eduardo De Lázzari (2021) y la jubilación de Eduardo Pettigiani, además de la reciente renuncia de Luis Genoud en junio pasado. Ante esta situación, para dictar acuerdos, el tribunal recurre actualmente a Florencia Budiño, presidenta del Tribunal de Casación Penal.
También está sin cubrir el cargo de subprocurador general, vacante tras la jubilación de Ángel de Oliveira, y la Defensoría General, creada recientemente y aún sin titular.
En ese contexto, se baraja la posibilidad de que el actual Procurador General, Julio Conte Grand, sea designado en el mismo cargo a nivel nacional. Esto abriría un nuevo espacio que el peronismo podría sumar a su favor dentro de las negociaciones.
Legislatura bonaerense: el desafío de Kicillof por los jueces
El artículo 175 de la Constitución provincial establece que los jueces de la Corte, el procurador y el subprocurador general deben ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado “otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros”.
Distintas voces de la oposición coincidieron en que los asientos de la Corte no están entre las prioridades o urgencias del gobernador Axel Kicillof, y remarcaron que las diferencias políticas dentro del justicialismo también contribuyen a la falta de definiciones.
No obstante, desde el entorno del mandatario aseguraron que está comprometido con completar los cargos en todos los niveles judiciales para agilizar los procesos, aunque aclararon que ello no estará condicionado por la discusión legislativa del Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva.
Agregaron que la negociación está estancada por las dificultades internas en la oposición. “El PRO y la UCR no logran definir interlocutores válidos para las negociaciones”, señalaron fuentes oficiales.
Si bien todo indica que la cuestión se postergará para más adelante, en el Ejecutivo provincial reconocieron que, llegado el momento, se buscará que dos de los asientos en el máximo tribunal sean para el peronismo –Kicillof deberá acordar nombres con el sector que lideran Cristina Kirchner y Sergio Massa- y otros dos a repartir entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza.
El Frente Renovador agregó mayor complejidad a las negociaciones al impulsar por estos días la idea de que Unión por la Patria debería aspirar a quedarse con tres de los lugares en la Corte, cediendo solo uno a la UCR.
Un dato adicional que aportaron en el peronismo bonaerense: la última designación en la Corte fue la de Torres, impulsada en 2019 por la exgobernadora María Eugenia Vidal, lo que podría generar resistencias por parte del radicalismo y los libertarios a la hora de otorgar otro lugar al PRO, que ya cuenta con representación en el tribunal.
Corte Suprema de Justicia bonaerense: quiénes pueden ocupar un lugar
Entre los nombres que podría llegar a proponer el peronismo se encuentran el del vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, Mario Kohan, quien se desempeñó como fiscal y luego como juez en el Departamento Judicial de San Isidro (lo impulsa el massismo); y el del juez de ese cuerpo Daniel Carral, especialista en derecho penal y docente e investigador en la UBA. También suena con fuerza la doctora en Derecho de la UBA, especialista en Derecho de Familia, docente e investigadora del Conicet, Marisa Herrera, impulsada por el kirchnerismo.
Las figuras que elegidas por la Unión Cívica Radical son la presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, vicedecana de la facultad de Derecho de la universidad de Mar del Plata, exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y esposa del senador Maximiliano Abad, Marina Sánchez Herrero; y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP y subsecretario de la Fiscalía de Estado, Miguel Berri.
El único postulante que aparece por el PRO es el del juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata Andrés Soto. Fue durante ocho años juez primera instancia Civil y Comercial. Es docente de la Universidad de La Plata y posee dos posgrados: uno derecho procesal y otro en derecho civil.
Corte Suprema de Justicia bonaerense: discusión en el Senado
Mientras tanto, el jueves pasado, el gobernador Kicillof envió un total de 210 pliegos judiciales al Senado bonaerense: 5 defensores, 38 fiscales, 1 asesor y 137 jueces. En los próximos días, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos comenzará a pedir documentación respaldatoria a los candidatos y luego los convocará a entrevistas. Una vez que la comisión que preside Emmanuel González Santalla emita despachos favorables, los expedientes quedarán habilitados para ser tratados en el recinto.
Los jueces, fiscales y defensores públicos deben ser nombrados únicamente bajo la prestación de acuerdos en el Senado bonaerense, con dos tercios de sus miembros. Actualmente, Unión por la Patria tiene 21 bancas; el PRO, 9; UCR-Cambio Federal, 8; La Libertad Avanza, 4; los exLLA, 3; y Buenos Aires Libre, 1.
Se estima que, si se logran acuerdos con la oposición para esas designaciones, la primera semana de diciembre se llevará a cabo la sesión en la que se aprobarán las ternas. En lo que va del año, ya se aprobaron 181 pliegos: 135 en septiembre y 46 en mayo. Con los nuevos, el número ascendería a 391, un paso importante para reducir los déficits en la justicia bonaerense.
