El juez Julián Ercolini busca determinar por qué participaron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que cobraron elevadas comisiones. Además, investiga por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
El delito de negociaciones incompatibles con la función pública se castiga con hasta seis años de prisión y basta con que el funcionario se “interese” en el negocio para obtener un beneficio propio “o de terceros”. O sea, para probar el delito no hace falta determinar que Alberto Fernández se enriqueció con los contratos de seguros oficiales, por los cuales su amigo cobraba millonarias comisiones.
