Los puntos reglamentados
El primer artículo de la Ley Bases declara las emergencias en “materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”. La norma delega en el Poder Ejecutivo nacional “las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente”.
Luego, el capítulo dos declara como sujetas a privatización a las empresas públicas Yacimientos Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo. A la lista también se suma Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales S.A en condición, como pasibles de “privatización o concesión”.
El capítulo 3, denominado como “procedimiento administrativo”, contiene temas relacionados a las concesiones y recisión de contratos de obras públicas. También eventuales acciones judiciales de empleados públicos y normas sobre la ejecución de contratos con el Estado.
Finalmente, se reglamentó el capítulo 4, que se encuentra concentrado en el empleo público, con la previsión de nuevos recortes en la plantilla estatal. El mismo implica un marco regulatorio que alcanzará a alrededor de 180 mil empleados (incluyendo los de planta transitoria y aquellos con estabilidad plena), con un plazo máximo de un año para encontrar un nuevo puesto, tras lo cual podrían ser desvinculados con derecho a indemnización.
