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<\/div>\nLa creciente utilizaci\u00f3n de servicios de computaci\u00f3n en la nube de empresas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle por parte de organismos p\u00fablicos abri\u00f3 un debate que excede lo tecnol\u00f3gico y se instala en el terreno de la soberan\u00eda digital. <\/p>\n
Mientras distintas dependencias estatales recurren a estos proveedores para almacenamiento, procesamiento de datos, respaldo e infraestructura inform\u00e1tica, especialistas consultados por LPO coinciden en que Argentina carece de una pol\u00edtica que establezca qu\u00e9 informaci\u00f3n estrat\u00e9gica debe permanecer bajo control estatal y bajo qu\u00e9 condiciones puede alojarse en plataformas privadas.<\/p>\n
El presidente de Integracom y secretario de Tecnolog\u00eda de APYME, Mariano Go\u00f1i, sostuvo que desde 2017 el Estado argentino viene firmando acuerdos y contratando servicios de nube con esas compa\u00f1\u00edas, tanto para capacitaci\u00f3n como para almacenamiento, procesamiento de datos, respaldo y centros de datos. Sin embargo, advirti\u00f3 que no existe un mapa p\u00fablico que permita conocer con precisi\u00f3n qu\u00e9 organismos utilizan estos servicios, qu\u00e9 datos almacenan, en qu\u00e9 pa\u00eds se encuentran f\u00edsicamente ni qu\u00e9 ocurre con esa informaci\u00f3n ante un conflicto judicial, una filtraci\u00f3n o la finalizaci\u00f3n de los contratos.<\/p>\n
“Hasta ahora no hay pruebas de que las bases centrales de ARCA, RENAPER o ANSES est\u00e9n \u00edntegramente en una nube extranjera. Pero s\u00ed sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometr\u00eda, respaldo, conectividad y soporte”, explic\u00f3 Go\u00f1i. Entre los datos potencialmente involucrados aparecen registros tributarios y patrimoniales, informaci\u00f3n de identidad, fotograf\u00edas y biometr\u00eda, domicilios, movimientos migratorios, prestaciones sociales, registros sanitarios, producci\u00f3n agropecuaria y operaciones de comercio exterior.<\/p>\n
Para el especialista, el problema no pasa por rechazar la tecnolog\u00eda desarrollada por empresas extranjeras, sino por la ausencia de una estrategia de soberan\u00eda digital. “Una parte muy importante de los sistemas p\u00fablicos podr\u00eda manejarse dentro de la \u00f3rbita estatal mediante el datacenter de ARSAT”, afirm\u00f3. En ese sentido, explic\u00f3 que la empresa p\u00fablica puede ofrecer servidores, almacenamiento, copias de seguridad, nube privada, redes seguras, monitoreo y centros de contingencia para organismos nacionales.<\/p>\n
A su juicio, portales p\u00fablicos, aplicaciones, expedientes electr\u00f3nicos, bases administrativas, registros sanitarios y productivos e incluso respaldos de sistemas cr\u00edticos podr\u00edan alojarse bajo infraestructura estatal. Los sistemas m\u00e1s complejos, como las grandes bases tributarias de ARCA, la biometr\u00eda de RENAPER o los mainframes de ANSES, requerir\u00edan una migraci\u00f3n gradual, aunque podr\u00edan contar con respaldo y contingencia dentro de infraestructura p\u00fablica. “El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una pol\u00edtica clara y obligatoria que defina qu\u00e9 datos deben permanecer bajo control estatal y en qu\u00e9 condiciones puede contratarse una nube extranjera”, resumi\u00f3.<\/p>\n
Desde la Fundaci\u00f3n V\u00eda Libre, la responsable de Pol\u00edticas P\u00fablicas, Margarita Trovato, puso el foco en otro aspecto del problema: la jurisdicci\u00f3n bajo la cual quedan los datos cuando se alojan en servidores ubicados fuera del pa\u00eds. “Cuando los datos est\u00e1n alojados en servidores de otros pa\u00edses dejan de regirse exclusivamente por la legislaci\u00f3n argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones”, explic\u00f3 a LPO. Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s de los riesgos propios del tratamiento de datos personales, el Estado pierde capacidad para controlar qui\u00e9n accede a esa informaci\u00f3n, c\u00f3mo se audita su utilizaci\u00f3n y qu\u00e9 mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un eventual incidente.<\/p>\n
La especialista record\u00f3 que la legislaci\u00f3n argentina establece criterios para las transferencias internacionales de datos personales, aunque advirti\u00f3 que existen excepciones que terminan debilitando esas garant\u00edas. “Hoy no hay controles activos ni robustos sobre estas cuestiones”, afirm\u00f3. Tambi\u00e9n sostuvo que Estados Unidos carece de una ley federal integral de protecci\u00f3n de datos personales, lo que agrega incertidumbre cuando la informaci\u00f3n queda alcanzada por normativas de ese pa\u00eds.<\/p>\n
Otro de los riesgos se\u00f1alados por Trovato es el denominado vendor lock-in, la dependencia tecnol\u00f3gica que se genera cuando una organizaci\u00f3n concentra buena parte de sus sistemas en un \u00fanico proveedor. “Despu\u00e9s cuesta mucho salir por cuestiones de precio, compatibilidad y dependencia tecnol\u00f3gica”, resumi\u00f3. Adem\u00e1s, remarc\u00f3 que no toda la informaci\u00f3n p\u00fablica tiene el mismo nivel de sensibilidad. “Hay datos, como los biom\u00e9tricos, que no deber\u00edan alojarse en jurisdicciones que no ofrecen el mismo nivel de protecci\u00f3n”, sostuvo.<\/p>\n
Una mirada complementaria aport\u00f3 Luc\u00eda Camacho, coordinadora de Pol\u00edticas P\u00fablicas de Derechos Digitales, quien advirti\u00f3 sobre la creciente concentraci\u00f3n de la infraestructura digital en un peque\u00f1o grupo de corporaciones tecnol\u00f3gicas. “La infraestructura tecnol\u00f3gica necesita una colaboraci\u00f3n equilibrada entre actores p\u00fablicos y privados, pero en nuestra regi\u00f3n existe una concentraci\u00f3n muy alta en un pu\u00f1ado de empresas transnacionales”, explic\u00f3 a LPO.<\/p>\n
Seg\u00fan Camacho, esa concentraci\u00f3n genera riesgos que van m\u00e1s all\u00e1 de lo tecnol\u00f3gico. “Hay una p\u00e9rdida de control sobre la informaci\u00f3n estatal y el posible acceso de terceros a datos sensibles y confidenciales”, advirti\u00f3. En ese sentido, alert\u00f3 que la dependencia de centros de datos extranjeros se produce en un contexto geopol\u00edtico donde las grandes plataformas responden a legislaciones y decisiones de otros pa\u00edses.<\/p>\n
La especialista tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la falta de transparencia sobre el funcionamiento de esa infraestructura. “Los Estados deben robustecer las pol\u00edticas para garantizar la soberan\u00eda sobre el almacenamiento de los datos y que esa infraestructura cumpla con criterios de transparencia, seguridad y protecci\u00f3n”, se\u00f1al\u00f3. Adem\u00e1s, sostuvo que resulta necesario desarrollar infraestructura propia para reducir la dependencia de un pu\u00f1ado de proveedores globales.<\/p>\n
Las tres fuentes coinciden en un punto central: la discusi\u00f3n no pasa por excluir a empresas como Amazon, Google o Microsoft de la modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica del Estado. El verdadero debate consiste en definir una pol\u00edtica p\u00fablica que establezca qu\u00e9 informaci\u00f3n constituye un activo estrat\u00e9gico, qu\u00e9 grado de protecci\u00f3n requiere y bajo qu\u00e9 condiciones puede quedar alojada en infraestructura privada. Mientras esa definici\u00f3n siga ausente, advierten, la dependencia tecnol\u00f3gica continuar\u00e1 creciendo sin un marco claro sobre el control y la soberan\u00eda de los datos p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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