
Alejo Ramos Padilla destacó el rol de las PASO y pidió que las definiciones respecto de suspenderlas o no se tomen este año, antes de ingresar al año electoral. “Lo ideal es que estás decisiones se tomen en años no electorales”, dijo el magistrado que tiene a cargo la logística de la elección en la provincia de Buenos Aires.
El juez con competencia electoral inauguró un congreso organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral de la Universidad de La Plata y aseguró que “las PASO son un ordenador de la oferta electoral”. Además, planteó que de suspenderse las primarias deberían buscarse mecanismos de participación para que los partidos pueden definir a los candidatos.
“No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora”, dijo.
la declaración de ramos Padilla le mete presión al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene la misión de suspender las PASO para tratar de forzar una división del peronismo y así facilitar la reelección de Milei. Pero como reveló LPO, por la resistencia de Patricia Bullrich y los Menem, al jefe de Gabinete se le está complicando sacar la reforma este año.
El magistrado también planteó la necesidad de establecer ciertas regulaciones en las redes sociales durante los procesos electorales. Mencionó los casos de Jorge Taiana cuando durante la jornada electoral de 2025 se viralizó un video falso donde aseguraba que bajaba su candidatura. También el caso de Silvia Lospenatto junto a Mauricio Macri bajando la candidatura de la candidatura de la legisladora por la Ciudad.
Ramos Padilla dijo que en materia de redes sociales sólo existe un acuerdo de cooperación en la CNE. “No podemos estar ajenos a estas discusiones”, dijo.
Las declaraciones del magistrado se dan en momentos en que las indefiniciones por parte del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires inquietan a la Justicia Electoral. LPO adelantó que la posibilidad de una elección nacional y provincial unificada pero con dos sistemas distintos en territorio bonaerense entró en crisis en las últimas horas. El gobierno nacional pretende que la Cámara Nacional Electoral (CNE) cuestione las elecciones concurrentes con sistema de votación diferenciados.
En la Justicia Electoral existe preocupación por las dificultades logísticas, de seguridad y organización que conlleva una jornada electoral donde convivan el viejo sistema de boleta partidaria y la Boleta Única Papel en la inmensa provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón nacional. La magnitud del proceso es innegable: incluye la logística de traslado, resguardo y depósito 200 mil urnas cuya responsabilidad recae en la Justicia Federal.
Incluso trascendió la posibilidad de una acordada que recomiende a Axel Kicillof a volver a desdoblar la elección provincial, tal como ocurrió el año pasado. Sería una decisión que iría a contramano de las intenciones del gobernador que descartaba para el año próximo el desdoblamiento y se inclinaba hacia una elección unificada, que empuje su candidatura presidencial.
El gobierno pretende que la Cámara Electoral obligue a Kicillof a desdoblar la elección
En tanto, el juez de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, dijo que “los organismos electorales deben actuar con especial prudencia frente a cualquier reforma en el sistema. Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”.
Asimismo, advirtió que “las reformas apresuradas, especialmente cuando se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos”.
Según planteó el integrante del máximo tribunal bonaerense, cuando eso ocurre lo que está en juego no es solo una técnica electoral, sino la confianza de la ciudadanía y la integridad del proceso. Y resaltó que, desde la recuperación democrática de 1983, el sistema electoral argentino construyó “un activo particularmente valioso, la confianza ciudadana”.

