Alberto Weretilneck parece replicar las prácticas más cuestionadas de los caudillos del norte del país, una práctica hasta ahora no tan habitual en la Patagonia. El gobernador de Río Negro enfrenta crecientes cuestionamientos por la colonización política de la Justicia de Río Negro.
La denuncia más resonante es la del ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, que acusa al gobernador de utilizar la estructura judicial para sacarlo de la competencia política. En paralelo, el espacio del diputado de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello, preparan una demanda que puede llegar a la Corte Suprema después de que el máximo tribunal provincial rechazara su reclamo por el funcionamiento del bloque.
Los conflictos vuelven a poner en discusión la influencia del oficialismo sobre los organismos encargados de controlarlo. Varios nombres confirman la colonización por parte de la alianza oficialista de la justicia rionegrina. Weretilneck tiene como uno de sus principales instrumentos de intervención en la justicia al procurador Jorge Cresco. Pero también se destaca, Sergio Ceci que pasó de la Secretaría Legislativa del bloque oficialista Juntos Somos Río Negro (JSRN) al Superior Tribunal de Justicia y Nicolás Land, que lo sucedió en el cargo legislativo y luego pasó a ocupar la secretaría del Juzgado Electoral .
“La persecución de la Justicia de Río Negro sobre los líderes políticos de la oposición ya no se puede ocultar”, afirma Gennuso a LPO. El actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), reveló que la persecución se activó cuando terminó su mandato y rechazó los ofrecimientos para continuar dentro del oficialismo.
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Gennuso responsabiliza al procurador Crespo y a Facundo López, el jefe del bloque oficialista en la Legislatura rionegrina, a quien atribuye un papel central en las presiones sobre la Justicia. “Me conocen, saben quién soy y me tienen miedo, por eso me quieren borrar de la competencia electoral”, agrega el ex intendente de Bariloche.
La acusación tiene como trasfondo la causa Techo Digno. El exintendente fue absuelto por peculado en noviembre de 2025 y el Tribunal de Impugnación confirmó esa decisión en marzo. Sin embargo, el Superiot Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó que otro tribunal analice si los movimientos de fondos destinados a viviendas pueden encuadrarse como malversación de caudales públicos. Mantuvo la conclusión favorable a Gennuso respecto del peculado, pero dejó abierta la posibilidad de una sanción por otra figura penal.
Gennuso explica que trasladó recursos entre cuentas municipales y los colocó en plazos fijos para preservar su valor mientras se resolvía la continuidad de las obras con Nación. “El dinero nunca salió de la órbita municipal”, remarca. La Fiscalía cuestionó que esos fondos fueran apartados del régimen de control establecido en los convenios.
Para Gennuso, el objetivo político es llegar a una condena que permita excluirlo electoralmente mediante Ficha Limpia. “Están acusándome de un delito del que no me voy a poder defender”, cuestiona. Su defensa sostiene que el cambio de figura vulnera las garantías procesales. Es un viejo debate penal. El STJ considera que los jueces pueden revisar la calificación jurídica mientras se mantengan los hechos que fueron debatidos.
Los tiempos de la resolución agregaron tensión. Después de la audiencia del 23 de septiembre se había anunciado que la sentencia se conocería el 5 de noviembre, pero el fallo quedó fechado el 6 de octubre y fue difundido el día 8. Gennuso interpreta ese adelanto como una urgencia por avanzar antes de la prescripción que reclama su defensa.
La denuncia del exintendente se cruza con una discusión más amplia sobre la composición de la estructura judicial. Ceci llegó al STJ en 2021 desde el bloque oficialista, donde había trabajado junto a López. Su designación fue aprobada por el Consejo de la Magistratura durante la gobernación de Arabela Carreras, perteneciente al espacio de Weretilneck, aunque luego se pelearon.
La despedida que le dedicó López en la Legislatura dejó una frase que hoy adquiere relevancia: “Espero que vos cambies a la Justicia y que la Justicia no te cambie a vos”. El jefe de la bancada celebró el salto de su colaborador al máximo tribunal provincial.
Cinco años después, Land recorrió un camino similar. Había reemplazado a Ceci en la Secretaría Legislativa de Juntos y el 31 de agosto fue designado, por mayoría del Consejo de la Magistratura, secretario del Juzgado Electoral Provincial. Antes había sido ministro de Desarrollo Social de Weretilneck.
El movimiento incorporó a otro funcionario del oficialismo a una estructura sensible para las elecciones de 2027. El Juzgado Electoral interviene en el reconocimiento de partidos y la oficialización de candidaturas La trayectoria partidaria de Land alimenta los cuestionamientos sobre la distancia entre el Gobierno y quienes deben administrar esas decisiones. Su llegada fue polémica ya que sacó menos puntaje que otros oferentes.
Desde Cambia Río Negro, el legislador, Santiago Ibarrolaza también salió a confrontar con la conducción judicial. “Desde la oposición venimos denunciando la gravedad institucional de tener un Superior Tribunal de Justicia que, en lugar de garantizar independencia, parece responder al gobernador y a su círculo de poder”, afirma.
El legislador fue más allá y reclama que sus pares evalúen la conducta de los magistrados. “Los legisladores no podemos seguir siendo meros espectadores”, planteó. La advertencia llegó en medio de la disputa por el funcionamiento de la bancada que comparte con Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti.
Los cinco acudieron al STJ para exigir que se hiciera efectivo el reconocimiento de Cambia Río Negro, incluida su participación en comisiones y en Labor Parlamentaria. El tribunal rechazó el planteo por considerar que no era la vía adecuada y sostuvo que el conflicto debía resolverse dentro de la Legislatura.
El resultado favorece políticamente a la bancada de López, ya que los opositores continúan sin obtener por vía judicial las atribuciones parlamentarias que reclaman. Ibarrolaza ya había anticipado que recurrirían a la Corte Suprema si fuera necesario, después de cuestionar el dictamen del Procurador Crespo que recomendaba rechazar la presentación.
Para Weretilneck, ese escenario tiene un antecedente incómodo. En 2019, la Justicia provincial había habilitado su candidatura para otro mandato consecutivo, pero la Corte Suprema la frenó por considerar que vulneraba la Constitución rionegrina. La oposición vuelve a mirar hacia el tribunal nacional para discutir decisiones que no consigue revertir dentro de la provincia.
