La Justicia de Chubut avanza en una causa por una presunta estafa masiva vinculada a la adjudicación de viviendas sociales en Comodoro Rivadavia, que comenzó durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni y fue revelada por LPO.
El fiscal general Martín Cárcamo formuló una acusación pública contra cinco mujeres por 594 maniobras fraudulentas que, según la investigación, ocasionaron un perjuicio económico de al menos 59,4 millones de pesos.
La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, hermana del diputado provincial Gustavo Fita, presidente del Partido Justicialista de Chubut. La Fiscalía le atribuye la organización de la maniobra y solicita una pena de entre seis y ocho años de prisión.
De acuerdo con la acusación, entre abril de 2023 y febrero de 2024 se ofrecían viviendas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que necesitaban acceder a una solución habitacional. La maniobra comenzó durante la anterior administración provincial y se extendió hasta los primeros meses del gobierno de Ignacio Torres.
Para incorporarse a los supuestos planes, los interesados debían transferir 100.000 pesos: 80.000 destinados presuntamente al IPV y otros 20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, el dinero era depositado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.
La investigación sostiene que Fita simulaba actuar como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba contar con vinculaciones con funcionarios provinciales que le permitirían gestionar las adjudicaciones.
Escándalo en Chubut por una estafa de viviendas que involucra a la familia del presidente del PJ
Uno de los testimonios incorporados al expediente introduce un elemento de relevancia política. Laura Verónica Alvarado, una de las denunciantes, declaró que durante una reunión Vanesa Fita les aseguró que estaba siendo respaldada por el entonces gobernador Mariano Arcioni y su secretaria.
Según ese relato, la acusada utilizaba esas supuestas vinculaciones para generar confianza entre las familias y justificar la entrega de viviendas en plazos breves. La referencia forma parte de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, pero no acredita que Arcioni o su secretaria hayan participado de la maniobra.
Cinco acusadas y pedidos de prisión de hasta ocho años
El requerimiento fiscal atribuye a Vanesa Fita 594 hechos y solicita una pena de seis a ocho años de prisión. Para María Victoria Curán, acusada de intervenir en 400 hechos, pide entre cinco y seis años; para Camila Lara Páez, vinculada a 320 hechos, entre cuatro y cinco años; para Lucía Lorena Miranda, señalada en 130 hechos, entre tres y cuatro años; y para Gisela Belén Mansilla, acusada de participar en cuatro hechos, entre uno y dos años.
La Fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la presunta organización a partir de denuncias, transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger y documentación obtenida durante la investigación.
Las familias eran incorporadas a grupos de WhatsApp después de realizar los pagos. Allí recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación que debían presentar. También se organizaron reuniones presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.
Con el paso de los meses, las fechas de entrega comenzaron a postergarse. Según los testimonios, las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV para justificar las demoras.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2024 por Omar Lattanzio, luego de que vecinos advirtieran irregularidades en las promesas de adjudicación. Durante la investigación se formalizaron 179 denuncias penales y se identificaron centenares de presuntas maniobras fraudulentas.
Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia la instancia de juicio por jurados. El requerimiento deberá atravesar el control judicial correspondiente antes de una eventual apertura del juicio.
