El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, avanzó con una reforma del Código Procesal Laboral que busca reducir la litigiosidad, ordenar el sistema de pericias médicas y generar mayor previsibilidad para trabajadores, empresas y aseguradoras.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el crecimiento llegó al 38%, el mayor entre las nueve principales jurisdicciones del país.
Uno de los principales cambios es la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial. Sus integrantes serán seleccionados por concurso y tendrán una remuneración fija, por lo que sus ingresos no dependerán del porcentaje de incapacidad determinado ni del monto de una eventual indemnización.
La reforma también establece la aplicación obligatoria del baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Los peritos deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones, buscando unificar criterios y reducir diferencias entre evaluaciones.
Además, los honorarios de los peritos dejarán de calcularse en función del monto reclamado, de la condena o del porcentaje de incapacidad. Pasarán a determinarse por la complejidad, calidad y utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo.
El proyecto también elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, intereses y costas -u ofrecer bienes suficientes a embargo- como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. El objetivo es garantizar el derecho a una segunda instancia sin eliminar las medidas cautelares destinadas a asegurar el eventual cumplimiento de la sentencia.
La iniciativa fue respaldada por la UART, que la calificó como un “primer paso concreto y necesario” frente al crecimiento de la litigiosidad.
Con la reforma, el gobierno de Frigerio busca avanzar hacia un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar, reduciendo costos y generando mayor previsibilidad para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.
