Este jueves la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura de Córdoba comenzó el tratamiento de un proyecto de ley que establece un régimen de simplificación contable destinado a asociaciones civiles y fundaciones de reducida escala económica.
El proyecto 46588 es impulsado por el legislador y presidente de la comisión Matías Chamorro. El objetivo de la iniciativa es facilitar la regularización de las asociaciones civiles de la provincia mediante un procedimiento más sencillo y económico. Actualmente, el 88 % de estas entidades se encuentra fuera de regla, principalmente por tener balances vencidos. Se trata, en muchos casos, de organizaciones que cumplen una importante función social, como merenderos, bibliotecas, clubes y cuarteles de bomberos, pero que deben afrontar exigencias similares a las de grandes empresas.
En Córdoba existen 10.655 entidades y más de 3.000 fundaciones, y la informalidad aparece como un denominador común. La propuesta plantea un esquema simplificado de rendición de cuentas contable e informativa, con un adecuado nivel de control y fiscalización, que permita a las organizaciones ponerse al día. También contempla la regularización de balances de períodos anteriores y acuerdos con ARCA.
El proyecto presentado exime de la obligación de llevar contabilidad a las asociaciones civiles y fundaciones de la provincia de Córdoba que, por el volumen de su giro, no superen los límites y parámetros objetivos que establezca la reglamentación. El régimen simplificado estipula que las entidades deberán llevar un registro de ingresos y egresos, consignando la fecha, el concepto y el importe de cada operación; conservar la documentación respaldatoria de sus operaciones por el plazo de ley; cumplimentar la documentación y planillas informativas que establezca la autoridad de aplicación; y poner la información a disposición de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas o de cualquier otro organismo competente cuando fuere requerida en ejercicio de sus facultades legales.
La iniciativa estipula que la autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Economía y Gestión Pública, a través de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, o el organismo que en el futuro la sustituya.
Durante el tratamiento de la iniciativa, estuvieron presentes Pablo Mina y María Laura Román, director general y subdirectora, respectivamente de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ); Teresita Bersano, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE); Germán Rossi, presidente de la Comisión Asesora de Entidades de la Economía Social y Solidaria del CPCE; y Jorge Lucero, gerente técnico de la misma institución.
La comisión recibió aportes y preguntas de legisladores de los distintos bloques, quienes, valoraron positivamente la iniciativa y comprometieron su acompañamiento para que avance con la mayor celeridad posible. Asimismo, se prevé una próxima reunión para incorporar las observaciones y propuestas de las distintas entidades involucradas.
