La Municipalidad de La Calera emitió un comunicado en el que responsabilizó al gobernador Martín Llaryora por el corte del servicio de agua que la empresa Colón Punilla S.A. aplicó en la ciudad, afectando a barrios, escuelas y centros de salud. El municipio remarcó que la firma opera «gracias a un permiso otorgado de manera precaria y sin licitación por el Gobierno de la Provincia de Córdoba» y que dicho permiso «se encuentra actualmente vencido».
En el texto, la gestión que encabeza el intendente Fernando Rambaldi cuestionó a la empresa por prestar el servicio «sin pagar la energía a EPEC, sin pagar tasas al municipio» y sin presentar planes de obra ni balances, al tiempo que denunció que entrega «agua turbia y con olor a algas». El comunicado recordó además que un macromedidor instalado por orden judicial comprobó que la firma sobrefacturó el servicio durante más de un año antes de que la Provincia le otorgara la concesión, y que desde hace meses el municipio reclama esa devolución.
El documento apunta contra el Gobierno provincial al sostener que, pese a una orden judicial que instó a las partes a dialogar, «ha existido un rechazo sistemático de parte del gobernador y sus ministros de sentarse a la mesa de diálogo». El municipio calificó de «hipocresía» que la empresa diga haber agotado las instancias de diálogo y afirmó haber iniciado un proceso de determinación de oficio para reclamarle a Colón Punilla S.A. una deuda tributaria pendiente en la ciudad.
Por último, el comunicado vinculó el reclamo con la reciente transferencia de 400.000 millones de pesos que el presidente Javier Milei giró a la provincia de Córdoba, al señalar que resolver la deuda con La Calera «implica el 0.0025% de ese dinero», y cerró preguntando «qué excusa tiene el Gobierno Provincial para seguir sin responder».
