En el marco de una fuerte disputa por la protección de los recursos naturales, la provincia de La Pampa inició una ofensiva legal contra las modificaciones a la Ley de Glaciares, aprobada el jueves en Diputados.
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Amparo colectivo contra la Ley de Glaciares
El abogado Andrés Gil Domínguez explicó que la provincia, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y ONGs, “lo que hizo fue interponer una acción de amparo colectivo contra la ley de glaciares porque los glaciares son fuentes de vida que alimentan las cuencas hídricas de todo el país”.
En este sentido, el letrado remarcó que el impacto trasciende a las jurisdicciones con cordillera, ya que “hay provincias que si bien no tienen glaciares, reciben de los glaciares el alimento para que los ríos que surcan sus territorios se alimenten”.
La preocupación central radica en la discrecionalidad que la nueva ley otorga a las autoridades locales para autorizar proyectos extractivos en zonas sensibles.
Según Gil Domínguez, el riesgo es inminente “en la medida que esta ley posibilita que dependa exclusivamente de las provincias o de los funcionarios de las provincias que glaciares o zonas periglaciares existentes puedan ser solo a voluntad de la provincia para la explotación minera”.
“Esto implica que va a haber una reducción del caudal de agua para estos ríos o una afectación o contaminación de las aguas que llegan a las provincias que no tienen glaciares por este tipo de explotación”, sostuvo en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.
“Norma totalmente regresiva”
Además del daño ecológico, el experto fundamentó la acción en la jerarquía constitucional de la protección ambiental. De esta manera, sostuvo que la nueva norma resulta inválida dado que “es una norma totalmente regresiva porque aparte de la Constitución y la protección que existe en la Constitución, se sancionó oportunamente una ley que garantizaba progresivamente la tutela constitucional del ambiente en relación a glaciares y glacial”.
“Y esta norma es objetivamente regresiva sin ningún tipo de justificación”, enfatizó en diálogo con Julio Kloppenburg.
A esto agregó que la medida es excepcional en el mundo, asegurando que “ningún país permite la explotación de minera en zonas glaciales, ningún país la permite”.
Finalmente, frente al riesgo de una degradación irreversible del ecosistema, Gil Domínguez instó a una intervención judicial rápida para frenar la aplicación de la norma. Por lo tanto, concluyó que “en lo inmediato lo que urge es que el juez federal de La Pampa dicte una medida cautelar que suspenda la aplicación de esta ley por efectos colectivos y que se suspenda la aplicación de esta ley”.
“En Ambiente rigen dos principios que son el de prevención y precautorio. Hay que tomar medidas de tutela urgente porque si se afecta el ambiente muchas veces esta afectación es irreversible”, cerró Gil Domínguez.
