El festival de créditos del Banco de la Nación a funcionarios y diputados tuvo el viernes la primera víctima: Leandro Massaccesi, el jefe de gabinete de Sandra Petovello, ministra de Capital Humano y una de las funcionarias más cercanas al Presidente. La entidad pública que está en el ojo de la tormenta la preside Darío Wasserman, el marido del alfil de Karina Milei en la Ciudad: Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña. Como informó ayer PERFIL, hay decenas de miembros del gobierno nacional y legisladores oficialistas que obtuvieron préstamos hipotecarios en los dos últimos años por cifras que, en algunos casos, llegan a los 500 millones de pesos. Un sector de la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la maniobra.
Los datos sobre los créditos hipotecarios, de acceso libre, provienen de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El escándalo se potenció al ser sistematizada esa información por la plataforma “¿Cuánto deben?”, un visualizador de código abierto desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot. Al cruzar esa data con el análisis de las declaraciones juradas, pudieron rastrear la evolución mensual de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas: funcionarios, diputados, senadores. Los casos denunciados son los que lograron los préstamos más grandes. Además, la mayoría presenta una inconsistencia llamativa entre el patrimonio declarado y el préstamo obtenido.
El caso más resonante es el de Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, con un crédito hipotecario que superó los 510 millones de pesos, equivalentes en ese momento a unos 345 mil dólares. Lo sigue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y uno de los hombres de confianza del ministro de Economía Luis Caputo, con un crédito de 475 millones otorgado en febrero de 2025. Núñez se incorporó al Gobierno en junio de 2024. Su declaración jurada de ese año registraba menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares en bienes. Unos meses más tarde, el BNA le prestó el equivalente a 350 mil dólares.
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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió 367 millones de pesos en agosto de 2025 (unos 276 mil dólares) cuando todavía integraba el directorio del Banco Central. También figura Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito de 302 millones en octubre pasado. Juan Pablo Carreira, el funcionario conocido en redes como “Juan Doe”, que tomó 112 millones en diciembre de 2025. Y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, con un préstamo de 204 millones tomado en septiembre último.
Entre los legisladores, el diputado Santiago Santurio (LLA, Buenos Aires) obtuvo 303 millones en julio de 2025. Mariano Campero (UCR-LLA, Tucumán) accedió a 279 millones en mayo de ese año, en pleno debate parlamentario sobre la Comisión Libra, de la que fue integrante. Lorena Villaverde (LLA, Río Negro) recibió 227 millones en enero de 2025, a pesar de que el banco le había rechazado previamente la solicitud. Y Alejandro Bongiovanni (LLA, Santa Fe) accedió a 255 millones en enero de 2026.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó pedidos de informes al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y al propio BNA.
“El banco público es de todos, y no puede estar al servicio de intereses particulares”, sostuvo. Y la diputada Mónica Frade (CC) formalizó una denuncia para que se investigue si hubo “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta” en el otorgamiento de los créditos.
Frade pidió librar oficios al BNA para acceder los legajos crediticios de todos ellos y de otros funcionarios públicos. También obtener las actas de directorio con las que se aprobaron las operaciones y solicitar al cuerpo de peritos contadores de la Justicia si existieron o no de perjuicios económicos para el banco, de cualquier naturaleza. La diputada también pidió indagar “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo”. Por último, exigió que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.
El Banco Nación salió a defenderse mediante un comunicado. Dijo que que la entidad administra las cuentas sueldo del sector público, lo que explica el alto volumen de hipotecas que opera. Sin embargo, desde 2024, cuenta con una línea específica para empleados y funcionarios públicos denominada +Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, frente al 75% que cubre la línea general disponible para cualquier particular.
La tasa de esa línea es del 6% anual, una de las más bajas del mercado.
