Las similitudes entre ambos casos son inquietantes. En Ledesma, Blaquier y su administrador Alberto “Boni” Lemos fueron procesados en 2012 por la privación ilegal de la libertad de 20 personas durante la “Noche del Apagón” de julio de 1976, cuando la empresa cortó el suministro eléctrico para facilitar los secuestros, aportó camionetas para trasladar a las víctimas y cedió instalaciones como centros clandestinos de detención.
Las causas estaban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013, cuando Blaquier tenía 84 años y estaba en plenas facultades. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi- dictó en 2015 la falta de mérito para ambos acusados, lo que constituyó “una maniobra judicial que favoreció la impunidad”. Recién en julio de 2021, tras seis años de demora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló lo resuelto por Casación, calificando la decisión de “arbitraria” y señalando que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”. Pero para entonces era demasiado tarde: el Cuerpo Médico Forense determinó que Blaquier, a sus 94 años, presentaba un deterioro cognitivo que no le permitía afrontar un debate oral. Murió impune, sin sentarse nunca en el banquillo de los acusados.
La misma estrategia, el mismo riesgo
Los imputados de La Fronterita han recurrido a una estrategia similar. El abogado querellante Pablo Gargiulo había advertido hace unos meses que “han recurrido a todas las vías legales posibles para impedir el juicio”. Ahora, con la suspensión a horas del inicio del debate, se abre la posibilidad de que Figueroa Minetti sea apartado definitivamente por “incapacidad mental sobreviniente”, reproduciendo el guion que benefició a Blaquier.
La comparación es explícita para los organismos de derechos humanos. En ambos casos se trata de empresarios azucareros procesados por complicidad con el terrorismo de Estado; en ambos casos las causas estuvieron paralizadas años en los tribunales superiores; y en ambos casos la vejez de los imputados se convierte en argumento para postergar indefinidamente la justicia. Como señaló la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el caso Ledesma: “Las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico militar son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial”.
Tucumán 1975-1976: El laboratorio del terror
Para comprender la magnitud de lo que se juzga en La Fronterita, es necesario retroceder a febrero de 1975. Un año antes del golpe de Estado, la presidenta constitucional Isabel Perón firmó el decreto secreto 261/75 que ordenaba “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Así nació el Operativo Independencia, el plan represivo que convertiría a la provincia en el laboratorio del terrorismo de Estado que luego se extendería por todo el país.
El 9 de febrero de 1975, 1.500 soldados desembarcaron en el sudoeste tucumano bajo el mando del general Acdel Vilas. La población civil quedó atrapada dentro de un territorio militarizado donde se establecieron controles estrictos en pueblos y rutas. Pero el Operativo Independencia fue mucho más que una operación antiguerrillera contra el ERP: constituyó la fase inicial del genocidio perpetrado en Argentina, con un objetivo que trascendió a la guerrilla para apuntar contra toda una cultura de lucha de las clases populares.
“La Escuelita” de Famaillá, una construcción escolar inconclusa, se convirtió en el primer centro clandestino de detención del país. Por allí pasaron alrededor de 3.000 personas entre 1975 y 1976, muchas de ellas posteriormente asesinadas. A seis kilómetros de allí, el Ingenio La Fronterita funcionaría como una pieza más de este engranaje de terror.
La FOTIA: Sindicato en la mira del genocidio
El blanco principal de la represión no fue casual. La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) representaba en la década de 1960 al cuarto sindicato más grande del país, con 100.000 trabajadores afiliados. Su historia estaba marcada por la combatividad: en 1959 había realizado una huelga de 45 días con 80.000 participantes que logró un aumento salarial del 70%, consolidando a la organización como columna vertebral del sindicalismo del norte argentino.
En septiembre de 1974, la FOTIA protagonizó una de las huelgas obreras más importantes de su historia. Durante más de dos semanas, medio millar de delegados seccionales participaron de congresos que paralizaron la economía provincial, logrando romper el congelamiento salarial impuesto por el “Pacto Social” del gobierno peronista. El primer comandante del Operativo Independencia, Vilas, lo explicó sin ambigüedades años después: el epicentro de su accionar se llevó a cabo en el “ámbito gremial y dentro del mismo el objetivo principal era la FOTIA” .
La estrategia fue demoledora. Casi el 80% del consejo directivo de la FOTIA fue víctima del terrorismo de Estado. La cúpula sindical fue secuestrada, torturada y asesinada en una operación quirúrgica que comenzó antes del golpe y se intensificó el 24 de marzo de 1976.
Atilio Santillán, secretario general de la FOTIA, fue asesinado en Buenos Aires el 22 de marzo de 1976, dos días antes del golpe. Esa misma madrugada del 24 de marzo, en Tucumán, el maestro Isauro Arancibia, secretario general de ATEP y fundador de CTERA, fue asesinado en la sede de su sindicato junto a su hermano Arturo. La noche anterior había cenado con compañeros del gremio después del sepelio de Santillán.
Benito Romano, histórico dirigente peronista de la FOTIA que había encabezado la huelga de 1959 y llegado a ser diputado nacional, fue secuestrado el 16 de abril de 1976 en el Hotel Splendid de Buenos Aires. Su cuerpo apareció el 25 de abril en la ruta 25, a la altura del río Luján, y fue enterrado sin identificar en el cementerio de Escobar. Recién en 2024 el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo identificar sus restos y devolverlos a su familia.
Leandro Fote, también dirigente de la FOTIA y legislador provincial, fue desaparecido poco después. La lista sigue: secretarios generales, adjuntos, delegados seccionales, militantes de base. La plana mayor de las comisiones directivas de los sindicatos de ingenios fueron secuestradas en operativos coordinados.
Los ingenios azucareros: Centros clandestinos de detención
La agroindustria azucarera de Tucumán no solo fue víctima de la represión: parte de ella se convirtió en cómplice activa del terrorismo de Estado. Los ingenios, con sus edificios aislados en medio de los cañaverales, sus colonias de viviendas obreras y su infraestructura de comunicaciones, ofrecieron el escenario perfecto para instalar centros clandestinos de detención.
Además de La Fronterita, funcionaron CCD en los ex ingenios Lules, Nueva Baviera, Santa Lucía y Bella Vista, entre otros. La lógica era siempre la misma: los empresarios cedían las instalaciones, aportaban logística, vehículos e información sobre los trabajadores. A cambio, el Ejército garantizaba el control sindical y la eliminación de la militancia organizada. En La Fronterita, la firma Minetti cedió tres espacios.
Los trabajadores rurales de la caña de azúcar -los “obreros del surco”- sufrieron una violencia particular. Eran trabajadores temporarios, muchos de ellos migrantes internos de las provincias del noroeste, que vivían en las colonias azucareras: viviendas precarias pertenecientes a las empresas, sin servicios básicos, dependientes de la proveeduría del ingenio para sus necesidades más elementales. Esta vulnerabilidad estructural los convirtió en blanco fácil. Cuando eran secuestrados, sus familias no solo perdían al sustento principal: eran expulsadas de las viviendas, quedando en la calle sin ninguna protección.
La Fronterita: terror en el corazón del ingenio
El Ingenio La Fronterita, fundado en 1923 por la familia Minetti, fue escenario de una de las formas más extremas de complicidad civil con el terrorismo de Estado. Según la investigación judicial, la empresa no solo cedió espacios del predio para que el Ejército instale una base militar -denominada “Rayo”- sino que aportó logística, vehículos e información clave sobre obreros y empleados para los operativos de inteligencia.
Dentro del ingenio funcionaron al menos tres lugares de detención ilegal: el Comando de la Laguna, donde se alojaba la oficialidad; El Tambo, destinado a las tropas; y “Los Conventillos”, viviendas de obreros temporarios convertidas en lugar de torturas. A solo 300 metros de la casa del administrador Figueroa Minetti, el Ejército secuestró, torturó y desapareció a decenas de personas, muchas de ellas dirigentes de la FOTIA.
Entre las víctimas se encuentra Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato en la planta, secuestrado en junio de 1976 y desaparecido hasta hoy. Su hija, Hortensia Ortiz, en diálogo con Ámbito, recordó que tras el secuestro “nos corrieron de la casa en que vivíamos con mi mamá y mis otros siete hermanos. Quedamos en la calle y desde niños tuvimos que salir a trabajar”. Consultada sobre el aplazamiento, sin fecha, del juicio, reflexionó: “Nos piden que esperemos, que tengamos paciencia, pero la paciencia alguna vez se acabará”.
Reconocimiento municipal en medio de la polémica
En 2022, el municipio de Famaillá declaró “Ciudadano Ilustre” a Figueroa Minetti, en un acto encabezado por el exintendente José Orellana, el 19 de mayo. El reconocimiento generó el repudio inmediato de Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y otras organizaciones, que calificaron el homenaje como un intento de “mejorar la imagen pública de Minetti”.
El ingenio se encuentra a solo seis kilómetros de “La Escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención del país, donde entre 1.500 y 2.500 personas pasaron entre 1975 y 1976 bajo el mando de los generales Acdel Vilas y Antonio Bussi. La articulación entre ambos espacios -el oficial y el empresarial- evidencia la densidad del aparato represivo en la zona azucarera tucumana durante el Operativo Independencia y los primeros años de la dictadura.
La urgencia de la justicia: ¿Otra vez la misma historia?
A 51 años del Operativo Independencia y en vísperas de los 50 años del golpe de Estado de este 24 de marzo, la suspensión del juicio reavivó el debate sobre los plazos de la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos advierten que cada postergación representa una victoria de la impunidad, especialmente cuando los imputados cuentan con recursos económicos para litigar extensamente mientras el tiempo juega a su favor.
La comparación con el caso Ledesma es ineludible. Allí, como ahora en Tucumán, los imputados contaron con el amparo de los más altos tribunales del país. La Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema demoraron el proceso durante casi ocho años, hasta que la muerte natural de Blaquier cerró definitivamente la posibilidad de justicia.
“Nunca dejó de buscarlo”
Los hijos de Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato en el Ingenio Fronterita, relataron que él era el tercero de ocho hermanos nacidos en La Aguada, un paraje conocido también como Colonia II y “comenzó a trabajar pelando caña a los 18 años”. Sobre el secuestro de su padre, Hortensia, Gaspar y Fidel recordaron que “el primero fue en marzo de 1976, cuando dos militares entraron de forma tranquila a nuestra casa, alrededor de las 23. Estaba oscuro, no teníamos luz en esos momentos. Se lo llevaron y lo soltaron 43 días después en El Manantial, cerca de la casa de una tía que lo ayudó a volver. Estaba todo hinchado y tenía marcas en las muñecas de cadenas. Lo habían torturado”.
Meses después, el 14 de junio del mismo año en horas de la noche, un grupo integrado por alrededor de seis militares volvieron a la casa de la familia Ortiz. “Comenzaron a golpear la puerta, lo insultaban, yo me puse delante de mi padre para que no se lo lleven, pero igual empezaron a golpearlo”, recordó Fidel. “Lo sacaron de la casa y una vez afuera hicieron un tiro pero no sé qué habrá pasado. Eran militares, después vi a tres de ellos y los reconocí, estaban en La Laguna”, el nombre de la base militar que se instaló en el ingenio.
Hortensia rememoró: “fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo hasta que falleció”. “Tememos que ahora todo quede en la nada como en otros casos, no solo para nosotros, también para el resto de las víctimas”, cerró. Sin fecha de inicio a la vista, la pregunta que recorre los pasillos judiciales y las organizaciones de derechos humanos es si la justicia llegará a tiempo -o si, como ocurrió con Blaquier en Jujuy- la impunidad biológica tendrá una vez más la última palabra en Tucumán.
