Desde que en diciembre Sebastián Pareja renunció a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU), el Gobierno no designó nuevas autoridades y el área quedó paralizada. Según denunció la Mesa Nacional de Barrios Populares, en total hay 700 obras frenadas, más de 11 mil mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y 150 procesos de desalojo activos que amenazan a unas 4.500 familias. Después de dos años de desfinanciamiento, el futuro del organismo es incierto.
“Todo lo que se defina se anunciará oficialmente”, respondieron a PERFIL desde el Ministerio de Economía, la cartera donde funciona la SSISU. Ante la falta de certezas, la Mesa Nacional de Barrios Populares profundizó los reclamos: el lunes 23, sus representantes realizaron una conferencia de prensa y el martes 24, una asamblea en la que solicitaron una reunión con Luis Giovine, el secretario de Obras Públicas.
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Giovine no asistió, pero sí participaron otros funcionarios. “Nos dijeron que la secretaría se va a degradar a dirección y también que van a quedar 30 trabajadores, lo que quiere decir que puede haber entre 250 y 260 despidos”, contó a PERFIL Gastón “Batará” Reyes, presidente de la Federación de la Construcción del MTE y miembro de la Mesa Nacional de Barrios Populares.
De todas formas, según Reyes, hasta ahora nada es seguro. “Nadie nos sabe decir cuál va a ser el destino de la SSISU. Lo que sí se logró es un contrato de dos meses más, hasta el 30 de abril, para todos los trabajadores y trabajadoras. En ese tiempo, dijeron, van a mandar la contratación de supervisores y auditores de las obras para ver qué personal queda en cada área porque, en teoría, no funciona bien el esquema. Es llamativo que sostengan eso ahora porque hasta hace poco ellos mismos repetían que funcionaba”, agregó.
De los elogios de Pareja a la acefalía
En febrero de 2024, cuando Javier Milei comenzaba su gestión presidencial y toda la narrativa oficial giraba alrededor del recorte y la denuncia del caos heredado, Pareja sorprendió con elogios a la SSISU. “Si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”, dijo entonces.
En los primeros dos años de gobierno mileísta, el dirigente se abocó al armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y, en la práctica, la gestión del organismo estuvo a cargo del director nacional de Desarrollo Socio-Comunitario, Pablo Morillo. Si bien durante este período la Mesa Nacional de Barrios Populares denunció que el Fondo de Integración Urbana (FISU) sufrió un desmantelamiento progresivo, hay quienes reconocen que, al menos, los funcionarios consiguieron mantener el funcionamiento del organismo.
“A pesar de que Caputo ponía frenos todo el tiempo y en comparación con la impresentable gestión de este gobierno en otras áreas, hicieron que algo funcionara. En municipios peronistas no pagaron mucho, pero sí hubo avances de obras en otros lugares. También se descomprimió un poco la situación luego de que el CELS presentara un amparo con el municipio de Pehuajó”, relató Reyes.
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Cuando en diciembre Pareja renunció para convertirse en diputado, le prometió a los referentes del sector que iba a “pelear” para poner a alguien de su riñón. Morillo no podía ser, ya que también dejó el organismo para asumir como legislador bonaerense.
Consultados por PERFIL, en el entonro de Pareja subrayaron que el diputado dejó “una gestión ordenada, transparente y articulada políticamente” y aseguraron que mantuvo buena relación con los distintos actores con los que trabajó. Sin respuestas sobre el futuro del organismo, sus allegados remarcaron que el diputado “sigue atento, aunque sea de reojo, a lo que sucede en el área que dejó”.
Agregaron que Pareja confía en que la nueva gestión “va a reencauzar” la situación. Sin embargo, a más de dos meses de su salida, el panorama no parece tan optimista.
En la reunión con la Mesa Nacional de Barrios Populares, los interlocutores del gobierno aseguraron que en los próximos 15 días se conformará el comité ejecutivo del organismo y que se están evaluando las nuevas autoridades. Además, reconocieron que la extensión por dos meses de los contratos no es un tiempo suficiente para que se terminen las obras pendientes.
Integración sociourbana: obras, relevamientos y certificados de vivienda familiar
Reyes contó que en la reunión con los funcionarios, los referentes pidieron que se le pusiera especial atención a los 100 expedientes de obras que ya fueron aprobados por el Ejecutivo nacional, pero que están pendientes de pagos. Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de que la actual gestión reconozca la importancia de los relevamientos de los barrios y de los certificados de vivienda familiar.
Las políticas que lleva adelante la SSISU son el resultado de un largo proceso que se consolidó en 2016 con el primer Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y luego, en 2018, con la sanción de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares, que fue reformada en 2022.
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“El relevamiento sirvió para que, cuando se empezó a discutir la ley, supiéramos cuántos barrios había en Argentina. También para conseguir el certificado de vivienda familiar, que es lo que más le interesa a las personas, ya que si bien no te da una seguridad total de la tenencia sirve para demostrar que vos estás en ese lugar hace determinada cantidad de años”, explicó Reyes.
La ley de 2018 suspendió los desalojos en esos sitios durante 4 años y en 2022 se extendió el plazo hasta 2036. El número total de barrios relevados hoy es de 6.467. La Mesa Nacional de Barrios Populares insiste en que el Gobierno debe reconocer esta tarea del organismo, que no se reduce a la realización de obras.
En el último tiempo, la mesa trabaja para ampliar su unidad. La conferencia del martes 24 se realizó bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. En el panel de oradores estuvieron el arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina; Juan Maquieyra, director Ejecutivo de TECHO-Argentina; Fernanda García Monticelli, exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la SSISU; y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti.
