La ministra de Seguridad propuso bajar la edad de imputabilidad a los 12 años, argumentando que la ley vigente de 1980 quedó obsoleta ante la nueva realidad delictiva. El proyecto llegará al Congreso en febrero.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, propuso reducir la edad de imputabilidad a los 12 años, fundamentando que la normativa vigente en Argentina se encuentra desactualizada respecto a otros países y a la realidad delictiva actual. El planteo se dio en el marco de la defensa del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil, que será tratado por el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Según informaron fuentes oficiales, la propuesta original del Ejecutivo fijaba el piso etario en los 13 años, pero la funcionaria sostuvo que la discusión debe contemplar un rango menor. Monteoliva argumentó que la ley actual, que data de 1980, no responde a la mutación de las organizaciones criminales que reclutan menores en el presente. La ministra calificó como clave esta reducción para actualizar el sistema penal argentino frente a la tendencia internacional.
Argumentos de la cartera de Justicia
En concordancia con esta postura, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, criticó el régimen actual al considerarlo injusto tanto para las víctimas como para los menores involucrados en hechos delictivos. El funcionario señaló que existe una alta tasa de impunidad y que el sistema judicial no puede regirse por parámetros de hace más de cuatro décadas, dado el impacto de la violencia y el narcotráfico en la criminalidad juvenil contemporánea.
Cúneo Libarona afirmó que el proyecto busca aplicar penas proporcionales a los delitos cometidos, garantizando la especificidad del sistema penal juvenil pero eliminando la posibilidad de que delitos graves queden sin sanción. Según el ministro, la iniciativa fue revisada con jueces y fiscales, quienes habrían advertido sobre la conciencia y voluntad criminal detectada en menores de entre 12 y 15 años en casos recientes.
El debate parlamentario en sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo nacional ratificó su interés en acelerar el tratamiento de esta reforma mediante su inclusión en el temario parlamentario de febrero. El debate legislativo, según informaron desde Crónica, anticipa posturas divididas en el Congreso debido al impacto social y jurídico que implica la modificación de las penas para menores de edad en el territorio nacional.
