El debate sobre la ley que restringió la reelección de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena política. Es que, con las negociaciones por el Presupuesto 2025 y la Ley Impositiva como telón de fondo, un nutrido grupo de jefes comunales busca reformar o incluso anular la ley sancionada en 2016.
La norma se sancionó en el año 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, a partir de una propuesta del Frente Renovador, y determinaba que los jefes comunales sólo podían renovar sus mandatos una vez.
Sin embargo, en 2021 se introdujo un cambio que permitió que muchos intendentes fueran habilitados para presentarse nuevamente en 2023 tras solicitar licencia antes de cumplir los dos años en el cargo. Ahora, con miras a 2027, la norma afecta a más de 80 jefes comunales que transitan su segundo mandato, la mayoría de ellos del peronismo y del radicalismo.
Desde el gobierno bonaerense precisaron que el gobernador Axel Kicillof está de acuerdo con que se modifique la ley, pero aclararon que no será un proyecto que se impulse desde el Poder Ejecutivo. “Axel entiende que es un problema que hay que resolver, pero es algo que debe solucionar la Legislatura”, precisaron desde el gabinete a Ámbito.
En esa línea se pronunció ayer el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuando en conferencia de prensa afirmó: “Si es que se presenta algún proyecto o alguna iniciativa, se tendrá que discutir donde corresponde, que es en la Legislatura, porque hoy hay una ley vigente que limita los mandatos a dos períodos”.
Un debate que divide a los bloques legislativos
Mientras los intendentes peronistas tejen alianzas con sectores del PRO y del radicalismo que comparten intereses similares, las tensiones internas complican los acuerdos. El massismo, que integra el bloque de Unión por la Patria tanto en el Senado como en Diputados, mantiene su postura contraria a cualquier modificación.
En el PRO, liderado en la provincia por Cristian Ritondo, el rechazo es categórico. En un comunicado, señalaron ayer que permitir la reelección indefinida “representa un retroceso institucional y atenta contra la calidad democrática”.
En tanto, la Unión Cívica Radical enfrenta divisiones internas. Intendentes como Miguel Lunghi, de Tandil, y Osvaldo Di Napoli, de General Belgrano, expresan interés en una reforma, mientras que algunos sectores se muestran más reticentes, temiendo dar un flanco político al gobierno nacional o a la oposición libertaria.
Desde el bloque de Unión Renovación y Fe, aquellos a quienes llaman “libertarios dialoguistas”, el rechazo también es claro. Calificaron la discusión como “una burla a la ciudadanía”, y acusaron al oficialismo y a sectores de la oposición de intentar perpetuar privilegios en un contexto de crisis.
Estrategias y alternativas
En declaraciones a Ámbito, Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, planteó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para impugnar la ley. “Hay que quitar este límite que se puso a las elecciones de los intendentes. Estoy convencido que es anticonstitucional porque la carta magna de la provincia de Buenos Aires en ningún lado habla de que los intendentes no pueden ser elegidos. Y la Constitución está por encima de cualquier ley”, explicó.
Planteó: “Se debe tomar una medida judicial, presentarla en la Corte Suprema directamente o hay que trabajarlo en la Legislatura. Es una barbaridad, una vergüenza lo que hizo la exgobernadora María Eugenia Vidal con respecto a eso”.
La posibilidad de modificar la ley no sólo enfrenta resistencias políticas, sino también el desafío de coordinar los tiempos legislativos en un escenario complejo. El debate no se limita a las reelecciones, sino que se inscribe en un paquete más amplio que incluye la posible suspensión de las PASO y el desdoblamiento electoral. Por ahora, el desenlace es incierto, pero el impacto de esta discusión va a repercutir más allá del ámbito legislativo.
