La Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba trató este lunes a la tarde un proyecto de ley que modifica e incorpora artículos a la Ley 8.123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, sobre el régimen de detenciones cautelares y la creación del Sistema Interdisciplinario de Gestión de Medidas Alternativas (Sigma) en el Ministerio Público Fiscal.
El proyecto 41472/L/24 pertenece a las legisladoras Nadia Fernández, Alejandra Ferrero y Karina Bruno. La intención essacar un despacho definitivo en los próximos días, anticipó Fernández en su calidad de presidenta de la comisión.
La propuesta de reforma apunta a optimizar y modernizar el sistema penal, con incorporación de tecnología, enfoque en la resocialización y atención a los derechos humanos. Sugiere modificar los artículos 286 (detenciones cautelares) y 512 (detención domiciliaria); crear el Sigma; e incorporar los artículos 286 bis (directrices de concesión) y 286 ter (incumplimiento de obligaciones).
En sus fundamentos, la iniciativa dice: “Aborda uno de los mayores problemas del sistema penal y prioriza medidas alternativas, para mejorar las condiciones de detención y reducir el impacto negativo de la sobrepoblación carcelaria”. Al descongestionar cárceles, se liberan recursos que podrían destinarse a mejorar las condiciones de los detenidos y fortalecer otras áreas del sistema penal.
Según su intención, es aplicable a personas no reincidentes, es decir que ingresan al sistema carcelario por primera vez y por delitos leves.
Estuvieron presentes en la reunión las legisladoras Nancy Almada, Inés Contrera y Stella Peralta. De manera virtual participaron Alejandra Ferrero, Karina Bruno, Gustavo Tévez, María del Rosario Acevedo, Graciela Bisotto, Victoria Busso, Agustín Spaccesi y Raúl Figueroa.
Para Fernández, “es una reforma ambiciosa, pasible de modificaciones para llegar al mayor consenso posible y lograr un sistema penal más eficiente, garantizando la seguridad ciudadana, la aplicación efectiva de la ley y la protección de las víctimas del delito”.
Ferrero, en tanto, dijo que este proyecto “saldará una deuda pendiente del sistema judicial de Córdoba” con algunos detenidos que tendrían “medidas menos restrictivas” y “alivianará el colapso del sistema penitenciario, preparado para 11 mil presos y que hoy ronda en 15 mil, con un hacinamiento que afecta los derechos humanos”.
A su turno, Bruno señaló: “Es una reforma necesaria de un Código (Procesal Penal) que se quedó corto para dar respuesta a las herramientas que necesitan fiscales y jueces en resolver la problemática de la sobrepoblación carcelaria”.
Almada planteó que “es una buena iniciativa que será acompañada”, pero sugirió introducir cambios en su articulado. También Contrera anticipó su aval, siempre y cuando se incluyan algunas cuestiones.
Modificaciones
El proyecto propone modificar el artículo 286, relativo a la detención cautelar de una persona. Indica: “(…) el juez o fiscal que tuviese a cargo la decisión sobre el incidente de la medida de coerción podrá disponer la detención cautelar en su propio domicilio, en el de otra persona o en la institución que resulte adecuada para su recuperación terapéutica”.
Esto supone para el imputado “medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria”, a fines de proteger sus derechos (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
La iniciativa promueve alternativas humanitarias al encarcelamiento, un trato digno y el uso de mecanismos menos restrictivos. Prioriza la tutela de mayores de 70 años; personas con discapacidad o enfermedades graves; mujeres embarazadas; responsables del cuidado de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad; y personas con prisión desproporcionada o innecesaria.
Otro de sus fines es evitar la sobrepoblación en las cárceles. “Al implementar medidas alternativas como la detención domiciliaria supervisada, se reduce la sobrecarga del sistema penitenciario y judicial, optimizando recursos y asegurando que la prisión preventiva se aplique exclusivamente en casos en los cuales no queden alternativas disponibles”, plantea el proyecto.
También alienta una protección a la víctima. “El derecho del imputado a una medida menos restrictiva no elimina la protección de la víctima, quien es informada y tiene derecho a ser escuchada”, determina.
Sigma
Respecto del Sigma, la iniciativa sostiene que este sistema tendrá a su cargo la implementación de un plan estratégico orientado al control, supervisión y seguimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas en las detenciones cautelares, y la coordinación de programas de asistencia y resocialización. “El Sigma profesionaliza y centraliza el control de las medidas alternativas, mientras que el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo permite un seguimiento efectivo y en tiempo real”, estipula.
Estos dispositivos son las tobilleras electrónicas. La iniciativa prevé su provisión gratuita para imputados en situación de vulnerabilidad.
También incluye programas de formación laboral, tratamiento psicológico y resocialización del imputado, para fomentar su reinserción a la sociedad.
“La detención cautelar y el monitoreo electrónico son más económicos que la prisión preventiva, reduciendo el costo promedio por imputado para el Estado”, indica el proyecto. Y completa: “La posibilidad de transferir el costo de los dispositivos a quienes puedan pagarlos y de subsidiar a los vulnerables asegura la sostenibilidad del sistema”.
