“De ninguna manera se va a admitir continuar con la situación como estaba. Se planteó la necesidad de cambiar los convenios colectivos, con todos los beneficios que tienen aún los trabajadores de la compañía Aerolíneas Argentinas y las otras”, señaló el jefe de Gabinete.
Luego consideró que “hay sobrante de personal” y se preguntó: “¿Cómo puede pretender un empleado de Aerolíneas Argentinas que se le aumente el sueldo cuando la compañía está subsidiada?”.
A su vez, apuntó que “si el Congreso no da la privatización vamos a terminar con Aerolíneas Argentinas“. “Vamos a cerrarlo, en términos que sea razonable hacerlo”, dijo en diálogo con radio Mitre, pero también propuso que “si los empleados quieren, les entregaremos la compañía y que resuelvan la situación”.
Finalmente, argumentó: “No es aceptable que la gran cantidad de los argentinos que no usan la compañía aérea estén subsidiando al 2% que sí la utilizan. Estamos convencidos que no es razonable subsidiar 700 millones de dólares a una compañía. Cuando analizamos el porcentaje de gente que vuela por sobre el total de la población del país nos damos cuenta de que es injusto“.
Guillermo Francos sobre oposición en el Congreso
Sobre el cierre del año, la oposición puede provocarle una derrota legislativa a Javier Milei en el Congreso: la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)para limitar el alcance de las enmiendas presidenciales. En ese marco, Guillermo Francos entendió que los bloques “actúan de mala fe”.
Guillermo Francos diputados
Ignacio Petunchi
“Históricamente permitieron la utilización de los DNUs y ahora quieren sacarle ese instrumento a un presidente que, casualmente, posee una minoría parlamentaria tan expresa y visible, pero está acompañado de un fuerte respaldo de la opinión pública”, interpretó, en referencia a la ley 26.122, promovida por el kirchnerismo en el 2006.
La iniciativa que obtuvo dictamen tiene tres puntos concretos: esclarecer la definición de necesidad y urgencia, que el rechazo de una de las dos cámaras resulte suficiente para revocar un DNU y establecer un período de vigencia de los decretos de hasta 90 días. Pasado ese tiempo, el Congreso deberá votar para aprobar la continuidad de las políticas y ya no para derogarlas, como ocurre en la actualidad.
El jefe de Gabinete también volvió a relativizar la prioridad que el oficialismo le da a la aprobación del Presupuesto 2025: “El Congreso resolverá si lo trata o no”. En la última semana, el funcionario ya había expresado que “no está previsto que se convoque a sesiones extraordinarias” y que “no tenemos urgencia para que el Presupuesto sea aprobado”.
