Buenos Aires, 6 septiembre (NA) — Representantes de distintos sectores del mercado inmobiliario reclamaron ayer al Senado que le de “celeridad” al tratamiento de la reforma de la Ley de Alquileres, luego de la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio.
Según pudo saber NA, la coalición opositora no tiene los votos para convertir en ley el proyecto proveniente de la Cámara baja, y en cambio el oficialismo sí estaría mejor perfilado para firmar dictamen de mayoría y luego hacer valer la superioridad numérica en el recinto, en base a una iniciativa que mantiene los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres conforme indicadores fijos.
Tras escuchar durante la jornada de este miércoles la opinión de referentes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbano, el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto volverá a reunirse mañana para escuchar la voz del sector de los inquilinos y luego pasar a la firma de los dictámenes.
La modificación de la Ley 27.551 que llega con media sanción de Diputados, la cual la oposición logró imponer dos semanas atrás con una mayoría ajustada de votos, propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar esos ajustes, pudiendo elegir a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.
Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual.
La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, planteó durante el debate que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.
Desde el oficialismo también cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.
